El propio Programa Sectorial de Turismo 2025-2030 reconoce un problema que los residentes de algunas zonas conocen bien: en determinados lugares, la demanda de agua de hoteles y complejos turísticos compite con las necesidades de la población. A esa tensión se suma la pérdida de biodiversidad, que amenaza precisamente aquello que atrae a los viajeros, desde los arrecifes hasta las selvas y los humedales costeros.
Stewart Moore, fundador y director ejecutivo de EarthCheck, defendió que la sostenibilidad debe orientar las decisiones de inversión y no quedarse en un recurso de márketing. «No se trata solo de cifras, sino de lo que dejamos a las comunidades», sostuvo. Su planteamiento sitúa la discusión en un terreno práctico: antes de levantar un hotel o ampliar un puerto, conviene preguntarse qué quedará en el territorio cuando el proyecto madure.
Daniel Walsh, fundador y director ejecutivo de Reforest, propuso medir el cambio ecológico neto, es decir, comparar los bosques y arrecifes restaurados con la superficie despejada para construir infraestructuras. Walsh también pidió escuchar a los vecinos en lugar de que agentes externos fijen las prioridades. «Si hacemos que un lugar sea excelente para vivir, también será excelente para visitar», resumió. Planteó además programas colectivos de restauración, validados de antemano, para que las pequeñas y medianas empresas puedan sumarse sin asumir solas el coste.
Desde la consultora Kearney, Óscar Márquez sugirió que cada proyecto responda a una pregunta sencilla pero exigente: si hace más fuerte al destino. Esa lectura obliga a mirar de forma conjunta la economía, la comunidad y el entorno, y no solo la rentabilidad inmediata del negocio.
Los datos sobre la demanda respaldan este giro. Un informe de Booking.com sobre viajes y sustentabilidad señala que el 98 % de los viajeros mexicanos quiere tomar decisiones más sostenibles y que el 79 % desea que su gasto beneficie directamente a las comunidades. Walsh apuntó que el 84 % de los turistas busca opciones responsables, aunque no quiere pagarlas como un recargo, sino encontrarlas integradas en la experiencia. El país cuenta ya con más de 420 alojamientos con certificaciones de sostenibilidad de terceros, una base que podría ampliarse si los incentivos acompañan.
Los ponentes acordaron que la responsabilidad no puede recaer en un único actor. Gobiernos, empresas, asociaciones del sector, residentes y visitantes deben asumir una parte, y los proyectos tendrían que evaluarse según su contribución a la conservación de los ecosistemas, al acceso de las comunidades a los recursos y a la distribución local de la riqueza generada.
Para el viajero, todo ello se traducirá probablemente en destinos que limiten aforos, exijan más transparencia a los hoteles y ofrezcan experiencias más ligadas al territorio. Para los inversores, supone un cambio de criterio: los proyectos capaces de demostrar beneficios ambientales y sociales verificables tendrán más opciones de atraer financiación y de obtener el respaldo de las comunidades.
México, en suma, se enfrenta a una paradoja conocida por muchos destinos maduros: cuanto más atractivo resulta, más riesgo corre de deteriorar lo que lo hace atractivo. La conversación celebrada en Xcaret sugiere que el sector empieza a asumirlo y que la próxima etapa del crecimiento mexicano se medirá no solo en llegadas y divisas, sino en bosques recuperados, agua disponible y vecinos que perciben el turismo como un aliado.
